El 1 de abril de este año, la administración Biden anunció el próximo cese del Título 42; una medida de salud heredada del gobierno de Donald Trump. Este controversial recurso legal ha permitido la deportación rápida de migrantes con base en la protección de la salud pública. La comunidad internacional y las organizaciones protectoras de los derechos humanos han aplaudido la decisión. A simple vista, la eliminación de esta política parece marcar un avance en la promoción de los derechos de la comunidad migrante. Pero ¿acaso esto es cierto?

El arribo del COVID-19 otorgó la excusa maestra a la administración Trump para implementar una política de cierre total de sus fronteras terrestres; una política que resonó perfectamente con la retórica anti-migración del presidente en turno. Donald Trump utilizó el miedo generado por el nuevo virus para perseguir sus deseos políticos: negar de forma rotunda las peticiones de asilo. Se estableció de manera continua la violación del proceso de asilo; algunas excepciones de ingreso procedieron para menores y familias.

En un periodo de dos años, un millón setecientas mil personas fueron expulsadas inmediatamente del territorio. Se pensó que la política disuadiría las intenciones de ingreso a Estados Unidos; no obstante, las caravanas migrantes incrementaron. La profundización de la violencia, de la crisis económica y de la inestabilidad política de la región continúa obligando a las personas a abandonar sus hogares y emprender un viaje repleto de peligros. La negativa a

la entrada generó asentamientos informales en la frontera Norte; las familias se encuentran a la espera de un cambio en las políticas.

La suspensión del Título 42 se ha convertido en realidad. En un lugar de completa obscuridad, la luz pareciera haber llegado. Sin embargo, se han convertido en víctimas de los Protocolos de Protección a Migrantes. Al llegar solicitantes de asilo por la frontera sur, el gobierno estadounidense tiene la capacidad de establecerlos en México, donde reciben ayuda humanitaria, mientras se da la resolución de sus casos. El programa es sumamente criticado, ya que México es un lugar vulnerable para los migrantes; se incurre en la violación del principio de “no devolución” del derecho internacional y derechos humanos. Los migrantes son puestos en peligro intencionalmente.

El gobierno estadounidense prosigue apostando por difundir miedo e incertidumbre a la población en busca de protección. El término del Título 42 no constituye un punto de inflexión en la política migratoria de país. La existencia de los Protocolos de Protección a Migrantes evidencia la prolongación de políticas contrarias a la promoción de los derechos de esta comunidad.